Permiso de residencia obligatorio hasta 2028, incluso sin visado ni ingresos
En concreto, el proyecto estipula que los yazidíes que hayan entrado en Alemania antes del 31 de julio de 2025 recibirán un permiso de residencia de tres años, independientemente de si han entrado en el país con visado o de si pueden asegurar su subsistencia.
La normativa se aplicará uniformemente en toda Alemania hasta el 31 de julio de 2028. Después de esa fecha, sería posible la transición a un permiso de residencia de larga duración.
La ley pretende reducir las trabas burocráticas: Se eliminarán las revisiones individuales de los casos, lo que ahorrará tiempo y esfuerzo a las autoridades y dará seguridad a los afectados y facilitará la integración.
El Bundestag reconoce el genocidio en 2023
En enero de 2023, el Bundestag calificó de genocidio los crímenes cometidos por el EI contra los yazidíes en el norte de Irak. Según cifras de la ONU, miles de hombres han sido asesinados y más de 7.000 mujeres y niñas secuestradas desde 2014. Alrededor de 2.000 siguen desaparecidos.
Como consecuencia del genocidio, muchos yazidíes huyeron a Alemania. Entre 2015 y 2019, más de 75.000 personas procedían de esta comunidad. Se calcula que entre 100.000 y 200.000 yazidíes viven ahora en Alemania, la mayor diáspora yazidí fuera de Irak.
Según los Verdes, sigue siendo poco razonable que muchos regresen. La región de Sinjar sigue siendo insegura: hay violencia reiterada por parte de células locales del EI, operaciones militares iraníes y otros actores armados.
Alemania tiene la "responsabilidad de proteger a las víctimas de genocidio"
El proyecto de ley también afirma que hasta ahora el gobierno alemán sólo ha cumplido su responsabilidad de proteger de forma limitada. En 2023, sólo se concedió el estatuto de protección al 53% de los solicitantes de asilo yazidíes procedentes de Irak. Desde entonces, muchos de ellos viven con un estatuto de residencia incierto, lo que dificulta considerablemente su integración.
Con la nueva ley, los Verdes quieren extraer las consecuencias políticas del reconocimiento del genocidio. Alemania tiene una responsabilidad histórica especial, sobre todo con las víctimas de graves crímenes contra los derechos humanos.
La prohibición de las expulsiones a Irak es por ahora temporal, pero no permanente
En los últimos años, se han introducido repetidamente prohibiciones de expulsión para los yazidíes a nivel estatal, por ejemplo en Renania del Norte-Westfalia, Turingia, Renania-Palatinado y Schleswig-Holstein. Sin embargo, estas prohibiciones estaban limitadas en el tiempo, por lo que Los Verdes consideran que no pueden ser una solución permanente.
La prórroga de las prohibiciones de expulsión requiere la aprobación del Ministerio Federal del Interior. Varios estados federales llevan tiempo reclamando una prohibición nacional de las expulsiones. Sin embargo, en la Conferencia de Ministros de Interior de junio de 2024 fracasó la propuesta correspondiente por falta de acuerdo con el gobierno federal.
Por ello, los Verdes piden un derecho de residencia federal normalizado que ofrezca a los afectados una protección permanente y, al mismo tiempo, permita la seguridad jurídica y la integración.
Antecedentes: Deportaciones a pesar del reconocimiento del genocidio
A pesar de la clara postura del Bundestag y de la continua inseguridad en Irak, recientemente se han vuelto a producir deportaciones. Según el Ministerio Federal del Interior, en 2023 se deportó a Irak a un total de 399 personas, incluidos yazidíes. En 2024, la cifra aumentó a 699.
La organización de derechos humanos Pro Asyl calcula que actualmente hay entre 5.000 y 10.000 yazidíes en Alemania que deben abandonar el país. A la vista de estas cifras y de la situación en su país de origen, el Partido Verde pide una solución legal para este grupo especialmente vulnerable.
¿Cuándo entrará en vigor la ley?
De momento, la ley es sólo una propuesta del grupo parlamentario de los Verdes. Para que la normativa entre realmente en vigor, el Bundestag debe aprobar la propuesta por mayoría simple. Las primeras consultas no se esperan hasta septiembre de 2025 como muy pronto.
Actualmente es difícil predecir si la nueva ley obtendrá la mayoría, sobre todo porque contrasta con la actual política de asilo y migración, bastante restrictiva, del Gobierno federal.
