Contexto: Por qué la UE quiere modificar el sistema de repatriación
En la Unión Europea existen actualmente muchas normas nacionales diferentes en lo que respecta a las personas que deben abandonar la UE sin permiso de residencia. Aunque existe una directiva común de la UE de 2008, esta deja a los Estados miembros un amplio margen de maniobra a la hora de aplicarla. Por ello, los procedimientos suelen desarrollarse de forma diferente en cada país.
Según la UE, estas diferencias hacen que los procedimientos se prolonguen o que no se lleven a cabo. Además, es frecuente que, tras una resolución de expulsión, las personas se desplacen a otro país de la UE, donde el procedimiento suele comenzar de nuevo.
Según la Comisión Europea, solo alrededor del 20 % de las personas a las que se les ha ordenado abandonar la UE lo hacen realmente. La Comisión considera que esto constituye un problema fundamental de la política migratoria europea. Un sistema de asilo eficaz solo puede funcionar si también se llevan a cabo las expulsiones y los retornos.
Por eso, la UE tiene previsto llevar a cabo una reforma profunda. El objetivo es crear un sistema común que funcione de manera similar en todos los Estados miembros. La reforma forma parte del Pacto de Migración de la UE, que ya se aprobó en 2024 y que tiene por objeto reestructurar todo el sistema de asilo y migración.
¿Sobre qué se vota hoy?
Los diputados no votarán hoy sobre la ley en sí, sino sobre si deben iniciarse negociaciones oficiales con el Consejo de la UE. La Comisión de Libertades Civiles, competente en la materia, ya se había pronunciado a favor a principios de marzo.
Sin embargo, varios partidos han exigido que todo el Parlamento se pronuncie al respecto. Por eso se va a celebrar ahora una votación en el pleno. Si la mayoría da su visto bueno, las primeras conversaciones con la actual Presidencia del Consejo podrían comenzar ese mismo día.
Resumen de los cambios más importantes
La reforma prevé varias normas nuevas que modificarían considerablemente la gestión de las expulsiones y los retornos desde la UE.
Normas uniformes en la UE: con la reforma, las resoluciones de expulsión dictadas por un Estado miembro serán válidas también en otros países. Esto significa que, si a una persona se le ordena abandonar un país de la UE, dicha resolución podrá ejecutarse también en otro Estado miembro. El objetivo es evitar que las personas a las que se les ha ordenado abandonar el territorio sigan viajando y que los procedimientos tengan que reiniciarse una y otra vez.
Mayor obligación de cooperar: además, se pretende que los nacionales de terceros países tengan una mayor obligación de cooperar en su retorno. Esto incluye, por ejemplo, acreditar su identidad, colaborar en la obtención de documentos y mantenerse localizable para las autoridades. Quienes no cooperen deberán contar con medidas más estrictas, como desventajas en el procedimiento, prohibiciones de entrada más prolongadas o restricciones en las prestaciones de asistencia.
Expulsiones más rápidas: la reforma también tiene por objeto garantizar que las repatriaciones se lleven a cabo con mayor rapidez. Se seguirá dando prioridad a las salidas voluntarias. Al mismo tiempo, sin embargo, las expulsiones se llevarán a cabo de forma más sistemática cuando las personas no salgan voluntariamente.
Posibilidad de detención: La reforma prevé además medidas más estrictas para garantizar las expulsiones. En determinadas circunstancias, se podrá detener a las personas obligadas a abandonar el territorio, por ejemplo, si existe el riesgo de que alguien eluda el procedimiento. La duración máxima prevista puede ser de hasta 24 meses y, en determinados casos, incluso superior.
Centros de retorno fuera de la UE: Otra novedad es la posibilidad de organizar los retornos en mayor medida a través de terceros países. La UE quiere habilitar los denominados «centros de retorno» fuera de la UE. En ellos se alojará temporalmente a las personas mientras se prepara su retorno. Según la propuesta, es requisito indispensable que en esos países se respeten los derechos humanos fundamentales.
Prohibiciones de entrada: La ley propuesta también prevé prohibiciones de entrada, por ejemplo, cuando una persona es expulsada, supera el plazo para la salida voluntaria o supone un riesgo para la seguridad. La duración máxima es de hasta diez años, y en determinados casos puede ser incluso superior.
Dos vías de retorno: salida voluntaria y expulsión
La reforma distingue claramente entre dos formas de retorno: la salida voluntaria y la expulsión.
En caso de salida voluntaria, se establece un plazo dentro del cual la persona afectada debe abandonar la UE por su cuenta. Este plazo suele ser de hasta 30 días, pero puede ampliarse en casos especiales, por ejemplo, por motivos familiares.
La expulsión se llevará a cabo si no se respeta este plazo o si concurren otras razones específicas. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, la falta de cooperación, el traslado a otro país de la UE o motivos de seguridad. El objetivo es fomentar la salida voluntaria, teniendo siempre presente que la expulsión es una consecuencia clara.
Qué supone la reforma para las personas con un estatus de residencia precario
Para los solicitantes de asilo y otros nacionales de terceros países sin derecho de residencia, la reforma podría suponer cambios notables, en caso de que se apruebe.
En el futuro, los procedimientos podrían agilizarse y las expulsiones podrían llevarse a cabo de forma más sistemática. Al mismo tiempo, aumenta la presión sobre los afectados para que colaboren activamente con las autoridades.
Además, gracias al reconocimiento previsto de las resoluciones en toda la UE, será más difícil eludir el procedimiento trasladándose a otro país.
Al mismo tiempo, la UE subraya que deben seguir protegiéndose los derechos fundamentales. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, el derecho a que se examine cada caso individualmente, la protección frente a la expulsión a países inseguros, así como disposiciones especiales para los menores y otras personas vulnerables.
¿Y ahora qué pasa?
La votación de hoy solo decide, en un primer momento, si se inician las negociaciones. La ley en sí aún no se ha aprobado.
Si el Parlamento da su aprobación, se iniciarán las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo. Solo cuando ambas partes lleguen a un acuerdo podrá aprobarse definitivamente la reforma.
